14 de febrero de 2018
14.02.2018
AMAÑO

El fiscal pide 80 millones en multas por el Levante-Zaragoza

El escrito de acusación solicita cárcel, inhabilitación, aval y sanciones muy superiores al supuesto fraude cometido

27.02.2018 | 18:32
El fiscal pide 80 millones en multas por el Levante-Zaragoza

Ajeno a la consideración inicial de la jueza de instrucción, Isabel Rodríguez, quien llegó a sobreseer el caso después de casi dos años por falta de pruebas, la fiscalía da por sentado el pago «en un lugar no determinado» de los jugadores maños a sus homólogos granotas por dejarse perder y basa en este la acusación. Un escrito que firma uno de los delegados de Anticorrupción en la Audiencia Provincial, Pablo Ponce. Este, una vez reabierta la causa, pide penas de dos años de cárcel y seis de inhabilitación deportiva para los 36 convocados en el Levante-Zaragoza del 21 de mayo de 2011. También para Javier Aguirre y Antonio Prieto (técnico y director deportivo maño), a quienes considera de igual modo coautores.

Agapito Iglesias, Francisco Checa y Javier Porquera, directivos aragoneses por aquel entonces, tendrían que hacer frente a dos años más de condena, en caso de ser declarados culpables. En su caso, por haber supuestamente incurrido en falsedad en documento mercantil. En lo que el fiscal no hace distinciones es en la reclamación de sanciones económicas y avales. Aunque el código penal habla de multas de entre el doble y el triple del dinero defraudado para estos supuestos, Ponce solicita a cada una de las 41 personas implicadas el pago de 1,9 de millones de euros. En total serían cerca de 80 (más el castigo al Zaragoza, como persona jurídica y origen del dinero) cuando la cantidad teóricamente empleada para amañar el partido habría ascendido a 965 mil euros.

En el escrito se solicita decomisar (sin especificar a quienes y en qué cantidades) el dinero destinado a la compra del choque. Igualmente un aval de un millón, o el embargo de bienes por esa cantidad, a todos los implicados en la causa.

De acuerdo con la legislación española, en caso de condenas no superiores a dos años y ausencia de ancedentes, los jugadores no deberían entrar en la cárcel de manera efectiva aunque fueran declarados culpables. Caso distinto al de Javier Aguirre, implicado en el supuesto amaño del Osasuna-Espanyol de la 2013/14. La inhabilitación deportiva sería de ámbito internacional y aplicable a cualquier cargo: futbolistas, técnicos, directores deportivos o directivos. Los acusados, cuyos recursos al auto de incoación de procedimiento abreviado están todavía por resolver, insisten desde que se iniciara la fase de instrucción en la violación de su presunción de inocencia, con el daño al honory su propia imagen que conlleva.

A lo largo del proceso, las defensas han argumentado distintos defectos de forma y de concepto. Principalmente, a la hora de recabar y/o utilizar los gastos bancarios de los granotas en los meses posteriores al partido como justificación de su acusación. Según la fiscalía, las diferencias entre el verano y el de 2011 expondrían que los citados jugadores habrían utilizado el dinero cobrado por el presunto amaño para costear sus vacaciones.

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