Las excusas de Meriton: 41 páginas culpando a los demás

Este es el contenido de las alegaciones presentadas por el Valencia CF contra la caducidad de la ATE a las que ha tenido acceso SUPER

Las alegaciones y la defensa del Valencia CF

Las alegaciones y la defensa del Valencia CF / Mario Monsalve

Iván Carsí

Iván Carsí

El Valencia CF presentó las alegaciones al expediente de resolución anticipada y de caducidad de la ATE (Actuación Territorial Estratégica) del ‘Nou Mestalla’ sobre la bocina – era el último día de plazo- a la Consellería de Política Territorial

En este escrito, uno de los más largos presentados hasta la fecha, el club se defiende, incide en que “no se pueden achacar retrasos al promotor” y principalmente culpa a las Administraciones, sobre todo al Ayuntamiento de València, a la pandemia de COVID-19 y a otros como Expo Grupo S.A. por no cumplir con sus compromisos en la Fase 1 de la ATE.

Asimismo el club se agarra a la reorganización de las fases de la ATE e incluso indica que "no se consigue entender cómo la Administración está vertiendo en algunos medios de comunicación “información errónea y falsa” sobre el proceso.

Desde la Administración, sin embargo, se viene insistiendo en que pese a que la ATE caduque, el Valencia CF mantendrá los mismos derechos que en esta a través de otras herramientas urbanísticas. Eso sí, siempre que el club cumplan con los compromisos exigidos por escrito.

Estado actual de las obras del Nou Mestalla.

Estado actual de las obras del Nou Mestalla. / German Caballero

Las alegaciones y la defensa del Valencia CF

En el escrito de 41 páginas presentado por el Valencia CF a la Consellería de Política Territorial, el club muestra su “más firme oposición al expediente de resolución anticipada y declaración de la caducidad de la ATE”.

El club mantiene en su escrito de alegación que “los retrasos que se hubieran podido producir en la ejecución de las actuaciones previstas en la ATE no son imputables al club, promotor de la ATE".

En ese sentido el Valencia CF afirma que “para que la Administración pueda tomar decisiones relacionadas con la vida de la ATE (tales como acordar o denegar su reorganización o decidir sobre su continuidad o resolución anticipada) debe tener en cuenta todos los factores que han provocado esos retrasos”.

Por otra parte, se señala que “el club no ha incumplido sus obligaciones como promotor de la ATE y desde el inicio se ha esforzado para lograr a su cumplimiento”. Y añade que “los posibles retrasos que se hayan producido obedecen a favores y circunstancias externas y ajenas al club, cuya responsabilidad no se puede imputar a esta parte”

Asimismo los argumentos del Valencia CF son:

  • “No es imputable al club que la empresa responsable de la construcción del hotel (la mercantil Expo Grupo S.A.) en la Fase 1 de la ATE no lo haya construido todavía”, así "como de que las negociaciones con ADU se hayan frustrado".
  • “No es imputable al club la inactividad de la administración durante el desarrollo de las siguientes fases de la ATE”
  • “No son imputables al Club las consecuencias provocadas por el Covid-19”.

“los retrasos que se hubieran podido producir en la ejecución de las actuaciones previstas en la ATE no son imputables al club, promotor de la ATE”

En cuanto al punto 2, el club aclara que "la Administración permaneció inactiva durante un largo periodo de tiempo (en este caso más de tres meses), retrasando injustificadamente el cumplimiento de sus obligaciones bajo la ATE", ya que asegura que el 'Proyecto de Reparcelación de la Fase 2' se presentó el 26 de septiembre de 2016 en el Ayuntamiento, y no fue hasta el 23 de febrero de 2018 cuando el Consistorio realizó algún requerimiento.

Las pérdidas que asegura el Valencia CF que causaría la resolución y caducidad de la ATE:

El Valencia CF explica que “la declaración de caducidad causaría importantísimos daños y perjuicios no solo para el Club, sino para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana”.

Es más, adjunta en las páginas de su escrito los datos económicos de las pérdidas que provocaría para el Valencia que no continuara la ATE.

El Club esgrime que sufriría los siguientes perjuicios y daños:

- “Incautación de la garantía prestada de 1.161.159,56 euros”

- “Pérdida enorme y muy relevante de la inversión ya realizada

- “Pérdida de todos los beneficios directos e indirectos que la ATE hubiera supuesto para el Club”

La Dama Ibérica de la avenida de Las Cortes valencianas al lado del nuevo estadio.

La Dama Ibérica de la avenida de Las Cortes valencianas al lado del nuevo estadio. / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Además, en el escrito se insiste en el daño que produciría a la ciudad y a la autonomía, destacando que estas “se verían privadas de disfrutar de un desarrollo urbanístico que llevan años esperando y que aportaría riqueza y bienestar a la región”.

En otro orden de cosas, el Valencia CF advierte en esas alegaciones que ha seguido realizando tareas para terminar la construcción del nuevo estadio. En él el club afirma que ha obtenido un compromiso con Caixabank para un crédito de hasta 15 millones de euros “para cubrir el desfase de tesorería que pudiera producirse”.

También argumenta que suscribió con la empresa CBRE Real Estate “una novación modificativa no extintiva del contrato de comercialización” para la venta de las parcelas de la Zona B de “Corts Valencianes” con fecha del 27 de diciembre de 2021.

Igualmente se hace hincapié en que la Resolución se refiera a dos informes de la Abogacía General de la Generalitat, sin embargo, el club asegura que "no le consta el segundo de los informes, siendo así que esta situación genera una evidente indefensión para el club".

En definitiva, el Valencia CF mantiene su firme intención en que la ATE no se resuelva anticipadamente, así como una reorganización de las fases, lo cual supondría un mayor plazo de actuación para el club. Sin embargo las Administración continúan pidiendo esos compromisos por escrito para, ya sea con ATE o sin ATE mantener esos beneficios sea cual sea la herramienta urbanística utilizada. Además solicita que se le remita ese segundo informe de la Abogacía General de la Generalitat-