El juzgado de Primera Instancia Número 1 de València tiene encima de la mesa desde el pasado 11 de julio un escrito de petición de medidas cautelares al que ha tenido acceso SUPER y en el que se solicita de manera urgente la Administración Judicial del Valencia CF debido al riesgo de «quiebra económica» y «causa de disolución» en el que se encuentra.

El escrito dirigido al juzgado se fundamenta en un informe pericial sobre la situación patrimonial del club después de que se haya solicitado al juez una provisión de fondos de 100 millones de euros dentro de la causa en la que se enjuiciará si la venta de la mayoría accionarial a Meriton Holdings en 2014 fue nula. Aunque ya hubo una previa el pasado 16 de febrero, en la Ciudad de la Justicia se celebrará una vista el día 7 de septiembre a partir de las 9:30 después de se aceptase a trámite la demanda presentada por el despacho Jaime Navarro Abogados en nombre de un socio del club de Mestalla.

En la audiencia previa fueron curiosamente la Fundación y Meriton quienes solicitaron la mencionada provisión de 100 millones que puede convertirse en una espada de Damocles al implicar que se entre en causa de disolución. Se trata de una cantidad que se corresponde con el precio de las acciones y que Meriton se obligaba a haber provisionado a 30 de junio y durante lo que dure un pleito que puede por cierto alargarse varios años. El demandante, sin embargo, al no saber cuáles serían las consecuencias de la nulidad, consideró que la cantidad era indeterminada y no pidió nada.

El informe pericial en el que se sostiene la solicitud de administración judicial para el Valencia CF hace alusión a que los propios auditores del club mencionan que el patrimonio se ha reducido en 10.238.000 euros debido a las pérdidas de ejercicios anteriores. Esta cifra es inferior a la mitad del capital social, que asciende a 21.591.000, lo que ya es en sí «un motivo de disolución». Los auditores añaden, además, que existen contingencias por importe de 23.883.000 que no han sido provisionadas debido a que la administración del club no considera probable que los hechos que la originan «se vayan a producir».

Los datos analizados por el perito son a fecha 30 de junio de 2021, previa a la ampliación de capital del pasado 16 de diciembre en la que se emitieron 6.249.939 de acciones. Hay que recordar que con aquella inyección, el capital social aumentó en 37.499.000. El desequilibrio patrimonial se resolvió pero ahora se le añade la provisión no satisfecha y las pérdidas estimadas de alrededor de 50 millones que Layhoon reconoció de manera pública hace solo unas semanas.

En la demanda se sostiene que está acreditado que el Valencia CF «se vendió sin que el comprador asumiera ni una sola obligación: ni económica, ni social, ni deportiva, ni de ningún tipo». Además, se denuncia que la venta fue «absolutamente opaca» y que no se justifica en ningún momento, ni siquiera «mínimamente», porqué se eligió a Meriton Holdings y porqué «se rechazó a los demás aspirantes».

Jaime Navarro añade «que los propios demandados, y voluntariamente, han colocado obviamente al VCF en causa severa de disolución, pues teniendo un capital social de 59 millones de euros () estos días el propio club ha reconocido cuando menos unas pérdidas de 50 en el ejercicio recién acabado de cerrar, con fecha 30/06/22». 

Según estos cálculos, las pérdidas ascienden a 150 millones, consecuencia del «insólito hecho de enajenar todo un VCF sin que el comprador asuma ni una sola obligación, o estipulación». También se argumenta que «de no adoptarse las medidas cautelares, se dará el peligro evidente de desaparición del club, de tal manera que nada quedará para restituirse, lo que es objeto principal de esta demanda».

Otro de los argumentos es que el único documento presentado por la parte demandada es el de la compra de acciones y en el que «para mayor escarnio y confusión, se exhibe como NIF de Meriton un número que sólo puede corresponder a un NIE». También se advierte de que «el domicilio de esta compradora está ubicado no en Singapur, como siempre falsamente se nos dice que es el domicilio de la misma, sino en el paraíso fiscal de Hong Kong, y en una denominada ‘Site’, que es un domicilio donde se residencian infinidad de empresas ‘off shore’».

En la misma escritura se reconoce que «Meriton Holdings carece hasta de objeto social y en la página 14, por sí faltaba poco, se llega a afirmar que hay un número de acciones que se enajenan de las que se carece del preceptivo título de propiedad...». La demanda se explaya también en «los millonarios préstamos, ayudas, avales o subvenciones públicas, que ha recibido el VCF, de la entidad Bankia, con mayoría accionarial estatal, o del Instituto Valenciano de Finanzas; con lo que corroborado queda que de conformidad con el art. 3 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, demás concordantes y de aplicación, debía y debe informar con transparencia de los detalles que se le pidieron y se le piden, acerca de porqué en esencia se eligió a Meriton Holdings y se descartó a otros interesados o aspirantes a adquirir el VCF».

Este periódico se ha puesto en contacto con el club, que no ha querido dar su versión de manera oficial. Otras fuentes consultadas apuntan a que la demanda podría no tener demasiado recorrido, pero está por ver qué sucede en el juicio cuando el magistrado escuche las versiones de las partes.