Extremadura, cada vez más cerca de derribar Valdecañas tras el varapalo del Tribunal Supremo

La Junta de Extremadura está tropezando con los tribunales en su batalla por salvar la macrourbanización ilegal de Valdecañas, en Cáceres. La ley impulsada por el presidente autonómico para tratar de esquivar la sentencia de 2022 que le obliga a demoler este complejo podría no servir de nada si también fracasa su último cartucho: el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos de casación presentados tanto por el Gobierno extremeño como por las promotoras Marina Isla Valdecañas y Golf Valdecañas contra la demolición de la urbanización construida en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres) en una isla de 134,5 hectáreas de superficie.

El alto tribunal expone que no admite los recursos, porque entre otras cuestiones, incumplen los requisitos establecidos en ley, concretamente, la falta de fundamentación suficiente y la concurrencia de supuestos previstos en esta misma ley, informa Efe.

Las alegaciones de los recurrentes, explica el Supremo, insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias cuando “nuestra sentencia” (la emitida en febrero de 2022) recoge que “no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole”.

En este caso, hay una segunda vía abierta en el Tribunal Constitucional (TC), que ya acordó admitir a trámite tres recursos de amparo planteados en relación con la sentencia del TS que ordenaba la demolición.

El TC, que aún no se ha pronunciado, apreció que las cuestiones planteadas en estos recursos de amparo “tienen especial trascendencia constitucional al estimar, por una parte, que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna”.

Fernández Vara: “No se derribará”

Tras conocer la sentencia, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se encontraba en Azuaga (Badajoz), se ha mostrado “absolutamente convencido” de que la urbanización Isla de Valdecañas no se derribará.

Paradójicamente, el presidente extremeño alega cuestiones medioambientales para defender esta urbanización: “El derribo conllevaría unas consecuencias medioambientales inaceptables”, ha declarado al ser preguntado por esta sentencia.

A su juicio, “la situación de Valdecañas está regularizada” a través de la ley que se aprobó en la Asamblea de Extremadura. “Hay una imposibilidad de demolición, pues hay una ley que ha regularizado dicha situación”, ha reiterado en declaraciones recogidas por Efe.

La Asamblea extremeña aprobó el pasado mes de marzo una propuesta de ley que declara 55 espacios naturales como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y que pretende, entre otros objetivos, evitar el derribo del complejo urbanístico.

Esta ley legaliza, a través del artículo 7, “los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas” que a su entrada en vigor se hayan aprobado en el ámbito territorial de esos 55 espacios, entre ellos la ZEPA de Valdecañas.

Además, en su disposición final segunda se establece que “las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente” en el complejo de Valdecañas, “evidenciado según los informes ambientales existentes que no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar, quedan legalizados, sin perjuicio de la ejecución de las medidas ambientales que sean procedentes”.

Ecologistas en Acción: "La Junta no tiene margen de maniobra"

Por su parte, la asociación Ecologistas en Acción ha expresado su satisfacción por la decisión del TS. “Es un varapalo judicial” para el Gobierno extremeño y para las empresas promotoras, han afirmado fuentes de esta entidad ecologista a través de un comunicado de prensa.

A juicio de esta asociación, el “paso lógico” sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la demolición inmediata de “la urbanización ilegal y así lo vamos a exigir”.

El portavoz de la entidad, Ángel García Calle, ha declarado a Europa Press: "Lo que queda ahora es que la Junta cumpla con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y lleve a cabo el proyecto de restauración de la isla de Valdecañas".

En cuanto al derribo, García Calle afirmó que lo ve "muy cerca, porque la Junta no tiene margen de maniobra".

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