Peligra la prohibición de la pesca de arrastre en zonas protegidas por las presiones del sector

La pesca de arrastre constituye una de las más graves amenazas que sufren actualmente los fondos marinos, incluidos los espacios teóricamente protegidos, donde esta actividad sigue estando permitida. Sin embargo, el peso económico que tiene el arrastre en países como España está a punto de dar al traste con una medida que habría permitido recuperar parte de la biodiversidad perdida en las áreas marinas protegidas. Entidades conservacionistas han criticado las “presiones” ejercidas por la industria sobre la Unión Europea para que dé marcha atrás en sus planes para limitar esta actividad.

En febrero de este 2023 la Comisión Europea confirmaba que tenía previsto prohibir la pesca de arrastre en las Áreas Marinas Protegidas de la Unión, es decir, aquellas zonas delimitadas como tales y en las que, sin embargo, sigue permitiéndose esta práctica pesquera.

Este Plan de Acción preveía la eliminación gradual de la pesca de arrastre de todas estas zonas protegidas de la UE para el año 2030 y estaba en sintonía con los compromisos adquiridos por Europa para garantizar una protección efectiva, y no solo formal, de dichas áreas. Las primeras medidas, según la estrategia inicial, debían materializarse ya en 2024.

España, junto a otros tres o cuatro países más de la UE, se ha opuesto siempre ferozmente a esta prohibición del arrastre en las áreas protegidas y el ministro del ramo, Luis Planas, anunció un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para suspender el reglamento que prohibía la pesca de fondo en 87 zonas de aguas profundas en la plataforma continental.

Planas llegó a asegurar que Europa estaba “en guerra” contra esta medida.

“Una invitación al diálogo”

A principios de abril, el comisario de Medio Ambiente de la CE, Virginijus Sinkevicius, hacía unas declaraciones en las que daba a entender que renunciaba la obligatoriedad de esa prohibición. El comisario dijo que únicamente pretender fijar “una hoja de ruta” para “proteger los ecosistemas y hacer las pesquerías más resilientes”, pero eludió reiterar lo dicho solo dos meses antes.

El portavoz de Pesca de la Comisión Europea, Adalbert Jahn, abundó en este cambio de rumbo al afirmar que el plan de acción anunciado en febrero será sin “objetivos vinculantes”, ni “legislación”, sino que será solo “una invitación al diálogo”.

Este cambio de postura ha sido objeto de discusión estos días en un congreso sobre conservación marina celebrado en San Sebastián, en el que el director de investigación de Oceana, Ricardo Aguilar, ha lamentado la marcha atrás de la UE para prohibir la pesca de arrastre para las zonas protegidas en 2030. También ha lamentado que todo haya terminado “en papel mojado”.

Al permitirse estas actividades pesqueras, “y si seguimos las directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la inmensa mayoría de las áreas marinas protegidas de Europa no se pueden considerar como tales”, ha señalado.

El director de investigación de Oceana achaca el cambio de rumbo en las políticas europeas sobre la materia “a las presiones políticas” de partidos políticos “que están apoyando mantener un sistema obsoleto que se sabe que es muy destructivo”, ha dicho en declaraciones a Efe.

Por su parte, Claire Nouvian, presidenta de la ONG Bloom, opina que “hay consorcios industriales muy grandes que tienen mucho poder sobre Luis Planas”.

Esperanza entre los pescadores

En cambio, la satisfacción es general entre los empresarios de un sector que mueve muchos millones al año y emplea a millares de personas en toda España. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha declarado a La Opinión de la Coruña, de Prensa Ibérica, que sobras palabras y faltan actos: “Nos alegra ver que Bruselas ha lanzado este mensaje, pero nos sigue preocupando el asunto. Lo mejor es que retiren directamente el Plan de Acción y así evitamos malas interpretaciones”.

La CE y los ecologistas, añade, “se han excedido” en sus competencias al intentar acabar con el arrastre, “un motor económico de muchísimos puertos del país”.

“Sin el arrastre no serían viables muchas fábricas de hielo, lonjas o comercializadores. Y eso da la sensación de que no se ha tenido nunca en cuenta”, destacó asimismo, explicando que la decisión de eliminar esta práctica en todas las áreas marinas protegidas a partir de 2030 no responde a criterios científicos.

“No hay nada que confirme que sea necesario, sobre todo sabiendo que donde hay ecosistemas marinos vulnerables ya está prohibida esta pesquería”, agregó el también presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA) y de la patronal europea Europêche.

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