Más de veinte países, entre ellos España, abogan por la moratoria a la minería submarina

La lucha contra la minería submarina sigue adelante. Portugal, Brasil y Finlandia se han sumado a una "mini avalancha" de países, entre los que está España y que suman ya más de veinte, para solicitar a la Autoridad Internacional del Fondo Marino (ISA, por sus siglas en inglés) una 'pausa precautoria' en la explotación minera de los fondos marinos en aguas internacionales.

La ISA está reunida en Kingston (Jamaica). Hasta este viernes son las reuniones son del Consejo, mientras del 24 al 28 de julio se reunirá la Asamblea.

La posición de España es "importante" porque en 2023 pasará a formar parte del Consejo de la Alta Autoridad de los Fondos Marinos, donde asumirá "una gran responsabilidad en un momento crucial en el que se adoptarán decisiones sin precedentes en términos de gravedad y potenciales impactos a escala planetaria", explica Joam Evans Pims, de Ecologistas en Acción.

Se prevé que antes del inicio de las reuniones de la Asamblea "más países se adhieran a esta postura que han manifestado Portugal, que nunca había defendido esta posición, a Brasil, un país también muy importante por su papel y porque además tiene una licencia de exploración, y a Finlandia", según Evans Pims, que también es miembro de la Coalición internacional para la Conservación de los Fondos Marinos (DSCC, por sus siglas en inglés).

Una situación "muy importante", porque "hace tan solo un año no había ningún país en el mundo que defendiese una prohibición, moratoria o pausa precautoria de la minería submarina", y ahora "hay más de una veintena".

Francia pide una "prohibición total"

“No hay ninguna diferencia entre pausa precautoria o moratoria desde el punto de vista de lo que implica, es más un eufemismo”, según Evans, quien aclara que puede ser un asunto para diferenciar la postura de los grupos ecologistas que se inclinan más por la moratoria.

La única diferencia es "la postura de Francia que pide una prohibición total". La petición a la Asamblea incluye "una moratoria mientras no se aprueben reglamentos de explotación" y, además, que "se demuestre que la actividad minera no va a tener impacto significativo si no hay un conocimiento científico más riguroso".

Explica que esto tiene que ver con "la norma de los dos años", tiempo que la República de Nauru (ubicada en el océano Pacífico) dio a la ISA para la elaboración de un reglamento.

Nauru es el estado patrocinador de Nauru Ocea Resources Inc (NORI), una filial de la empresa minera canadiense The Metals Company, que en 2011 recibió la autorización de la ISA para la exploración de nódulos de manganeso –muy importantes para desarrollos tecnológicos– en la zona de fractura geológica marina denominada Clarion Clipperton en el Pacífico.

Además, según Evans, se abriría "la posibilidad de que The Metals Company y otras empresas que tienen licencias de exploración, ahora puedan pedir que se autorice un plan de labores, un plan de trabajo de minería submarina, de explotación, incluso sin reglamentos".

Por eso existe también "esta urgencia" de cortar la posibilidad de que se autorice la minería y el inicio de la operación de la actividad propiamente de explotación sin reglamento, lo que supone "un primer paso" que podría adoptarse este año o de cara a los siguientes.

Minería en la Antártida

En opinión de Evans, este es un momento que tiene "un símil muy interesante con la firma del Protocolo de Madrid de 1992, al Convenio, al Tratado de la Antártida", porque dos o tres años antes de la firma, se había aprobado una convención para el aprovechamiento de los recursos mineros en la Antártida, pero un pequeño grupo de países, tres o cuatro al principio, se negaron a ratificar ese convenio, firmarlo y después a ratificarlo.

Empezaron a trabajar para "evitar que se pudiese avanzar con esa minería en la Antártida que hubiera sido un auténtico desastre" y finalmente dos o tres años después, el Protocolo de Madrid prohibió la minería en la Antártida.

Por ello, según el representante de Ecologistas y DSCC, "el próximo año podría ser muy importante para conseguir algo similar en relación a la minería submarina, y esto a su vez, tiene que ver también con el Tratado de los océanos que se adoptó este año".

"Sería incoherente, por un lado, llegar a un acuerdo con el Tratado de los océanos para proteger la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales y al mismo tiempo, sacrificar unas zonas tan extensas con esta actividad", destaca Evans.

Por ello, Evans insta a las autoridades a tener más liderazgo, que sí han demostrado países como Chile o Costa Rica, “que han tenido que trabajar y defender muy duramente la ampliación de ese grupo de países a favor de una moratoria”.