Delitos ecológicos: demasiada impunidad

El primer caso de crimen medioambiental en España que fue condenado con penas de prisión tiene fecha del 20 de abril de 1995, cuando el empresario Josep Puigneró recibió una sentencia de cuatro años de reclusión por el vertido de sustancias contaminantes a varios afluentes del río Ter (Cataluña) entre 1990 y 1993.

Sin embargo, hasta entonces fue un caso excepcional. El punto de inflexión en el ámbito de los delitos medioambientales llegó con la Ley Orgánica 10/1995 que reformó el Código Penal y endureció las infracciones de tipo ecológico. Según esta norma, todo aquel que cometa este tipo de delitos «será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años». Si son casos graves, la prisión puede llegar a los 5 años. Se entiende por delito ecológico vertidos, excavaciones, ruidos, contaminación de aire, agua o suelo, captaciones de agua y muchas otras actividades.

Una de las mayores tragedias ambientales en España fue el desastre del Prestige, que el 13 de noviembre de 2002 se hundió frente a Galicia derramando 60.000 toneladas de fueloil y contaminando unos 3.000 kilómetros de costa.

Este ecocidio llegó a los juzgados en enero de 2003, impulsado por la plataforma ciudadana Nunca Mais, que presentó una querella criminal contra los propietarios del petrolero, el capitán y las autoridades españolas que tomaron la decisión de alejar el barco de la costa. El caso estuvo en los juzgados durante ocho años y finalizó con la absolución de los acusados. El único condenado a prisión fue el capitán del barco, pero, paradójicamente, el motivo de la condena fue por desobediencia a la autoridad, al tardar tres horas en acatar la orden de alejar aún más el barco de la costa española.

El tiempo que pasó desde que sucedió la catástrofe hasta que el caso llegó a los juzgados fue corto. Sin embargo, otros casos de mayor gravedad aún, como el de la presa minera de Aznalcóllar, en Sevilla, han tenido que esperar nada menos que 25 años para la celebración de juicio, desarrollado este mismo verano. No ha sido hasta ahora que la multinacional Boliden se ha sentado en el banquillo de los acusados.

El impacto contaminante del vertido de Aznalcóllar fue cien veces superior al del Prestige, según el CSIC

El 25 de abril de 1998, esta presa reventó y vertió unos 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadimar, en la cuenca del Guadalquivir. Este desastre solo pudo frenarse a las puertas del Parque de Doñana, gracias a que se levantaron diques y represas a contrarreloj, cuando ya habían sido afectadas unas 4.600 hectáreas. Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el impacto contaminante fue cien veces superior al hundimiento del Prestige.

Murieron miles de aves y peces, los acuíferos quedaron muy contaminados y se llegó a batir el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas. Desde ese momento, las organizaciones ecologistas han intentado frenar la reanudación de los trabajos de la mina, pero los tribunales han tumbado estas peticiones.

«La punta del iceberg»

Pero los delitos ambientales van más allá de estos grandes casos. De forma cotidiana, la fauna, la flora y los recursos naturales sufren todo tipo de infracciones. Es el caso de las especies protegidas que sufren envenenamiento o caza furtiva. El último informe de WWF-España reúne los datos de los casos cometidos entre 2015 y 2020, tras elaborar una base de datos que no existía antes, explica la coordinadora del programa LIFE SWiPE España, Silvia Díaz.

En total, se recopilaron 4.902 delitos cometidos contra especies protegidas, pero llegaron a la conclusión de que esto solo es «la punta del iceberg», según Díaz. Por ejemplo, «en el caso del envenenamiento, se estima que solo se detecta el 10% de los casos».

Los motivos por los que este tipo de delitos no se llegan a denunciar son porque «son muy difíciles de detectar» y «demostrar la autoría también es muy complicado», añade Díaz.

Sólo el 6,6% de los delitos contra la fauna protegida terminan en sentencia, pero de ellas el 20% son absolutorias

A través de este estudio, confirmaron la mortalidad ilegal de más de 8.000 ejemplares de especies protegidas en dicho periodo. Sin embargo, del total de casos estudiados y detectados, pocos llegan a la vía judicial y se quedan en la vía administrativa, por lo que subsanan pagando una multa. En el peor de los casos, estos delitos no se llegan a resolver. De los casi 5.000 casos registrados, tan solo un 6,67% llegaron a ser juzgados por la vía penal, lo que supone unas 320 sentencias, aproximadamente. No solo eso: el 20% de esas sentencias fueron absolutorias.

Uno de los principales motivos de esta situación es que «son delitos considerados menores, que no tienen la importancia que deberían tener», explica Díaz. Por ello, «es difícil que el juez te autorice el uso de pruebas de autoría que son indispensables a la hora de juzgarlos», añade. Por eso, WWF pide una reforma y endurecimiento del Código Penal.

«Muchas veces, cuando se archiva un procedimiento penal es porque no se conoce el autor», explica Juan Francisco Merchán, uno de los profesionales que forma parte de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental. El autor típico de este tipo de delitos «no es un delincuente normal», añade Merchán, por lo que puede ser una dificultad a la hora de estudiar el caso y juzgarlos. «Estamos hablando de delincuentes que, normalmente, tienen una actividad normal y, de vez en cuando, bien por negligencia o bien por ahorrar costes, pues comenten este tipo de hechos», añade Merchán.

Pese a los avances introducidos en el Código Penal, todavía se podrían añadir muchas mejoras, como que «las penas sean más elevadas» o «una especialización de los jueces, ya que muchas veces, para ellos no es un delito al uso», aclara Merchán.

Crimen contra la humanidad

«La Tierra necesita una buena abogada», sentenció la británica Polly Higgins, abogada, en una charla TED en la que explicaba por qué el ecocidio debería ser reconocido como un crimen a escala mundial por la Corte Penal Internacional (CPI). Para lograr este objetivo, fundó la organización Stop Ecocidio.

Higgins quiere conseguir que el ecocidio sea considerado un crimen internacional. De este modo, se impondría «un deber a todas las naciones para dar sistemas de respuesta cuando suceda algo así».

Actualmente, la CPI, creada a través del Estatuto de Roma en el 1998, tiene competencia sobre crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y, el último anexo, crímenes de agresión. Sin embargo, no incluye grandes crímenes ambientales, pese a su impacto directo sobre la población.

El hecho de considerar el ecocidio como un crimen fue objeto de debate durante la redacción del Estatuto de Roma, pero fue eliminado del borrador final porque Estados Unidos, Reino Unido, Francia y los Países Bajos lo vetaron. Por tanto, la posibilidad de incluir el ecocidio en este Estatuto como una forma más de crimen internacional no es algo nuevo ni que se plantee por primera vez.

La Corte Penal Internacional persigue los grandes crímenes a gran escala con el objetivo de que la humanidad pueda vivir en paz, pero Higgins argumentó que “al destruir la Tierra, estamos destruyendo nuestra posibilidad de vivir en paz”, ya que estaríamos acabando con los recursos que poseen los seres humanos y eso llegaría a derivar en una guerra. Por lo tanto, el ecocidio podría ser considerado un crimen contra la humanidad.

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ENTREVISTA. Maite Mompó. Portavoz de 'Stop Ecocidio'

"El ecocidio ha de ser incluido como crimen contra la humanidad"

Cada vez más países piden que la Corte Penal Internacional incluya esta nueva modalidad en la justicia mundial

-¿Cuál es la definición de ecocidio? 

-Desde el 2021, contamos con una definición de ecocidio que realizó un panel de expertos a nivel internacional. De acuerdo con esta definición, un ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario que se perpetra a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.

-¿Por qué cree que es necesario que existan leyes que regulen este tipo de delitos?

-Causar un daño grave a la naturaleza, que perdura en el tiempo y cuyas consecuencias sean graves e irreversibles, hoy en día no es delito. Por lo tanto, estamos hablando de una escala superior y es muy importante crear esta Ley de Ecocidio que ponga una barrera que no se pueda traspasar.

-¿Por qué el ecocidio debería ser considerado como un quinto crimen por la Corte Penal Internacional (CPI)?

-Hay varios motivos. Lo primero es que los ecocidios tienen una gravedad enorme y, por lo tanto, son transfronterizos y afectan a todo el planeta. Además, muchas veces se producen por corporaciones extranjeras que ni si quiera son del propio país. Por lo tanto, es necesaria una normativa que tenga un carácter superior a las regulaciones que pueda haber en los distintos países. Por otro lado, la Corte Penal Internacional se creó para juzgar crímenes que se pensaban que no iban a volver a suceder después de la Segunda Guerra Mundial, pero, después de lo ocurrido en Yugoslavia y Ruanda, se vio la necesidad de tipificar los crímenes de guerra y aquellos que violan los derechos humanos. Si un río se contamina, las vidas de los que están alrededor peligran. Por lo tanto, un ecocidio lleva aparejado mucho más que la destrucción de la naturaleza, ya que supone la destrucción del hábitat de todos los seres vivos. Entonces, es muy importante que el ecocidio se sitúe al mismo nivel legal y ético que los peores crímenes que se puedan cometer, que son los que regula la CPI.

-¿Cuál es el siguiente paso desde su organización para conseguir que el ecocidio llegue a la CPI?

-Tienen que ser los gobiernos que forman parte del Estatuto de Roma de la CPI, los que tienen que crear esta ley. Por lo tanto, nosotros apelamos a los gobiernos para que la creen. Además, tenemos una serie de países que están ya trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. De hecho, ahora mismo, hay más de treinta estados en el mundo en los que se están produciendo avances en este sentido porque están creando el delito de ecocidio dentro de su jurisdicción nacional y porque piden que se regule de forma internacional. Algunos de estos países son Bélgica, Bangladesh, Maldivas o Nueva Zelanda. Se necesita que un grupo de países presenten esta propuesta de enmienda al Estatuto de Roma para incluir el crimen de ecocidio.

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Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es