Una sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia ha anulado el aval que en 2009 concedió la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a la Fundación Valencia CF para la ampliación de capital, por lo que el Consell queda liberado de asumir la deuda. La pregunta que surge es, ¿y ahora qué? La Fundación no ha sido capaz de hacer frente al pago de los intereses del préstamo de 81 millones de euros, y sin avalista Bankia podría quedarse en propiedad con las acciones y convertirse en dueña del Valencia CF. Un supuesto, eso sí, que no llegaría hasta finales de noviembre como mínimo.
En la sentencia, la magistrada-juez argumenta que el IVF no evaluó, al dar el aval, los riesgos y especifica que el acuerdo que se adoptó excede los límites establecidos por la Comisión de Inversiones del IVF y que esta Comisión debería haber evaluado si la operación estaba sujeta o no al control de Defensa de la Competencia.
"Resulta evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al Instituto Valenciano de Finanzas, sino cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por él", se dice en la sentencia, que argumenta que ha resultado obvio que la Fundación no cuenta "con capital, ingresos o patrimonio alguno con que hacer frente no sólo al pago de comisiones y gastos pactados, sino ni siquiera con qué atender al principal prestado por Bancaja y avalado por el IVF".
Un nuevo golpe para el futuro del Valencia CF, que con el resultado de esta sentencia podría quedar en manos de Bankia, curiosamente el principal acreedor del club de Mestalla. De todas formas esta sentencia puede ser recurrida.
