La hora de la verdad con el caso de la ATE

La vertiente judicial del conflicto urbanístico entre el Valencia CF y la administración se resolverá muy probablemente este miércoles por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que dictaminará si la Actuación Territorial Estratégica (ATE) está bien caducada por parte del Consell o si, por el contrario, debe seguir vigente y con ella los aprovechamientos urbanísticos que recoge. Los magistrados tanto del caso de la caducidad anticipada de la ATE como de la denegación de su prórroga hasta 2030 se reunirán para vincular ambos casos y emitir una resolución conjunta ya que están íntimamente relacionados. Tanto desde la administración como desde las plataformas personadas en el caso (Libertad VCF y De Torino a Mestalla) esperan que el tribunal deniegue la petición del club y creen que así será a pesar del último movimiento de la entidad de presentar el informe del Ayuntamiento remitido a Miguel Zorío. En principio no se debería demorar el resultado final, pero en procesos así hay veces que se tarda unos días en alcanzar el veredicto. 

La denuncia, además, ha sido un foco de conflicto importante en los últimos tiempos entre las diferentes fuerzas políticas, ya que desde el Partido Socialista se afeó que el actual equipo de gobierno no exigiera al Valencia la retirada de dicho proceso judicial como condición para la concesión de las fichas urbanísticas y en los últimos días la oposición también ha acusado al Ayuntamiento de tratar de favorecer a Peter Lim con ese informe en el que rechazaban cancelar la licencia de obras porque no había indicios de una voluntad «inequívoca» de abandonar la obra. El consistorio, por su parte, lleva insistiendo desde entonces, también ante el tribunal, en que la ATE no es equiparable a la licencia de obras y que los argumentos que justifican que la licencia de obras esté vigente no se pueden aplicar para este instrumento urbanístico.

Todo este conflicto viene del verano de 2022 cuando, siguiendo las instrucciones del informe de la Abogacía de la Generalitat y también del Consell Jurídic Consultiu, el Consell decidió resolver de manera anticipada la ATE aduciendo que las primeras fases de la actuación ya estaban incumplidas. Con esta decisión el club perdió esos beneficios urbanísticos, una decisión que vino acompañada de la derivación al Ayuntamiento de la responsabilidad de tratar todo lo concerniente al estadio. 

Lo que puede cambiar

Esta decisión no cayó bien en el seno de la entidad, que algo menos de un año más tarde decidió llevar el caso a la justicia denunciando esta caducidad y después de nueve meses, el tribunal emitirá su dictamen tras reunirse. De ser el fallo favorable al club, recuperaría de manera automática todos los derechos urbanísticos, es decir, los 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas, los 75.000 de residencial de la parcela del actual Mestalla, además de otros 14.000 de terciario en la misma zona. Esta edificabilidad es lo que el Valencia defiende como fuente de ingresos complementaria a los millones de CVC para terminar las obras del estadio.  

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